El ministro de Justicia confía en que las reformas del Poder Judicial que postula el Gobierno se lograrán aprobar en el Congreso Nacional.
Por Felipe Celesia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, confía en que las reformas del Poder Judicial que postula el Gobierno se lograrán aprobar en el Congreso Nacional por el desprestigio que rodea a la oposición ante la evidencia de que se “armaban” causas contra funcionarios y dirigentes durante la gestión macrista.
“El 2021 es el año en que se cayeron las caretas”, afirma este patagónico de 46 años que llegó al cargo en abril del año pasado luego de denunciar las reuniones de jueces y fiscales afines a gobierno de Cambiemos, tanto en la residencia presidencial de Olivos como en los despachos de la Casa Rosada.
Soria recibe a Télam en el quinto piso del Ministerio, sin colaboradores, con saco y corbata, un equipo de mate sobre el escritorio y una pila de apuntes que prueban, según considera, el mal desempeño de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, dos instituciones clave y pilares en el sistema de justicia.
El diálogo forma parte de la serie de entrevistas de esta agencia con los miembros del Gabinete Nacional para trazar un balance de gestión y fijar las metas para el 2022.
– A menos de un año de haber asumido en el Ministerio de Justicia, ¿qué balance hace de su gestión?
– Muy positivo. La verdad es que es muy diferente a todos los lugares en los que la política me llevó. Muy diferente a ser legislador provincial, a ser jefe comunal, intendente dos períodos o ser diputado nacional. Ser ministro de la Nación es toda una responsabilidad en un momento en que la justicia argentina, como siempre digo, está en un punto de inflexión. Lo dijo el presidente Alberto Fernández el día que asumió, cuando hablaba de esa justicia que actuaba de acuerdo a los vientos políticos de turno o desde los sótanos de la democracia. Parecía una premonición, en aquel diciembre de 2019 cuando asumía Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de todo aquello que vimos el año pasado. El 2021 fue el año de la comprobación de muchas de las cosas de las que hablaban Alberto y Cristina durante el período 2015-2019.
– ¿Qué agenda tiene el Gobierno para este punto de inflexión en la Justicia?
– 2021 fue el año de la comprobación, de las pruebas. Todos sabíamos que existía una mesa judicial que estaba integrada por la pata mediática, los funcionarios de Mauricio Macri y una parte de la justicia. Jueces, fiscales y camaristas que entraban y salían a escondidas de la Casa Rosada y Olivos. Este va a ser el año de las grandes reformas, lo digo porque en el 2021, además de ser la continuidad de ese 2020 en el que irrumpió la pandemia a nivel global y trastocó todos los planes de nuestro gobierno, se sumó un factor político que fueron las elecciones legislativas. Todos sabemos que en las elecciones legislativas es muy difícil alcanzar los consensos y generar debates para lograr reformas estructurales profundas. En el caso de la justicia argentina estamos en el punto de inflexión. Nunca antes tuvimos las pruebas de cómo sumergieron en este desprestigio institucional a la justicia a partir de 2015, con la llegada de Mauricio Macri al poder. Tenemos todos los procesos de reforma que los ha anunciado el Presidente y en los que estamos trabajando: Ministerio Público Fiscal, batimos un récord con un procurador interino que ha estado tanto tiempo, estamos hablando del jefe de los fiscales. Además, tenemos la reforma que ha anunciado el Presidente acerca del funcionamiento de la Corte Suprema. El Presidente ha sido muy claro, contundente, sobre la necesidad de darnos el debate del funcionamiento de la Corte, que tiene una estructura de más de 150 años y siempre igual.
Es tiempo de sacar, mejorar, aggiornar la cúpula, la cumbre del Poder Judicial. No olvidemos que la mesa judicial de Mauricio Macri arranca, creo yo, con una de las degradaciones institucionales más graves que tuvo la democracia argentina que fue, nada más ni nada menos al comienzo de su gobierno, cuando por decreto -nunca antes un presidente de la democracia se animó a tanto- designa en comisión dos jueces de la Corte. Nunca antes visto. Esa mancha, que hoy lleva la Corte Suprema, nos merece, como dice el Presidente, un debate profundo acerca de qué justicia queremos. Esta justicia comandada desde Olivos y la Rosada o cruzada por el espionaje ilegal; o una justicia con jueces probos, independientes, imparciales, ese es el debate de fondo: qué Justicia queremos. Y en eso, el Presidente ha sido muy claro.
– ¿Cómo se hacen esas reformas profundas en la Justicia sin mayoría parlamentaria?
– Pensemos cuál va a ser el discurso de (María Eugenia) Vidal. El 2021 es el año en que se cayeron las caretas, se cayeron las máscaras, empezaron a aparecer las pruebas, los encuentros clandestinos entre camaristas, jueces, fiscales con el presidente en Olivos y la Rosada. Reuniones que esos jueces, fiscales y camaristas tenían que anunciar; por eso el Ministerio del Interior llevó un registro oficial de visitas. No es normal, no es habitual, como quieren hacer parecer, que un juez que tiene una causa para la tapa de Clarín o La Nación se junte -48 horas antes de dictar una prisión preventiva a un dirigente de la oposición- en la Casa Rosada o en Olivos. No es normal. En un país con las instituciones funcionando bien eso no debería pasar. En este 2021 aparecieron esas pruebas. El broche de oro, sin lugar a dudas, es el video, el famoso video del que todos hablan hoy, en donde el ministro de Trabajo de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con espías, con senadores, con intendentes, se junta con empresarios y les explica cómo iban a avanzar contra empleados públicos, contra los sindicalistas, contra los opositores y les explica que ellos tienen que robustecer las causas penales para poder encarcelarlos, para poder perseguirlos. En otros países esto costó el cargo a un presidente. ¿Ustedes se imaginan si en un gobierno peronista, en el de Cristina o Alberto, apareciera un video de esta naturaleza lo que sería?
Bueno, el video está, se filmó en la época de Macri-Vidal. Me imagino cuando llevemos al recinto, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, y queramos debatir en serio, darnos el debate en serio acerca de qué justicia queremos ¿qué va a decir Vidal? ¿Que la justicia siempre funcionó bárbaro? El 2021 es el año en el que se cayeron las caretas, el año que en el que terminamos de comprobar lo que sucedió durante el macrismo, de esa manipulación de sectores de la Justicia, la manipulación de la opinión pública a través de algunos medios de comunicación. Hablamos de sectores de la Justicia porque no todos los jueces, no todos los fiscales ni todos los camaristas se prestaron a este manoseo, a esta manipulación que se vio en Olivos y la Rosada durante el macrismo.
– ¿Están analizando candidatas a la Corte o todavía no llegaron a esa instancia?
– Obviamente estamos buscando el momento ideal para todos esos anuncios. Esos tiempos exceden incluso a los tiempos de un ministro. Pero tenemos que decirlo. Algunos dicen “se reunió con la Corte y los atacó”. No. Hablar de la realidad, mostrar la realidad, analizar la realidad no es atacar. Nuestra Corte también ha sufrido la degradación institucional, ya desde el mismo momento en que asume Mauricio Macri pone dos jueces por decreto. Desde ese momento y de ese tiempo a esta parte, lo que estamos viendo es una Corte Suprema en que, por primera vez en 17 años, no hay una mujer. Una Corte en la que el federalismo es una vaga idea. Hoy tenemos una Corte que sólo está representada por Córdoba, Santa Fe y Capital Federal… Iba a decir Clarín pero es Capital Federal, me refiero al doctor (Carlos) Rosenkrantz. Esta es la realidad. No hay federalismo, no hay una visión de paridad de género dentro del superior tribunal de justicia de todos los argentinos y argentinas.
“La permanencia de Casal es totalmente irregular”
La insistencia en la postulación del juez federal Daniel Rafecas como jefe de los fiscales y la reforma del organismo acusatorio son dos objetivos centrales de la agenda del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien considera “completamente irregular” que el procurador interino, Eduardo Casal, siga en el cargo.
“Vamos a seguir insistiendo con la necesidad de quitar esta situación totalmente irregular que es tener como jefe de los fiscales a una persona que no fue elegida por el Presidente y una persona que, como todos sabemos, era una de las personas que ingresaba escondida a la Casa Rosada”, definió el funcionario en entrevista exclusiva con Télam.
Y agregó: “En este año que terminó hemos logrado, en función no sólo de la necesidad de la postulación de Daniel Rafecas para la procuración sino también en el entendimiento de que hay que modificar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, avanzar en la ley que tiene media sanción del Senado” de la Nación.
Soria también recordó que “a 48 horas de que la comisión mixta de Asuntos Constitucionales-Justicia lograra el dictamen de mayoría para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, salió la oposición a gritar ´traigan el pliego del postulante a la procuración que nosotros lo aprobamos´”.
“Hay que ver qué hacen ahora. La pelota ahora está del lado de la oposición. Una oposición que durante el 2020-2021 no sólo siguió obstruyendo sino que hizo un concurso a ver quién era más opositor. Así es muy difícil avanzar en un proceso de reforma”, lamentó el funcionario.
El fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura es “inédito y político”
Por otro lado, Soria consideró que la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura fue una decisión “política” del alto Tribunal con deficiencias jurídicas.
“En el fallo uno de los jueces les dice a los otros que una ley que fue reemplazada por otra no puede volver a ser puesta en funciones por un juez. Esto se lo dice el juez Lorenzetti (Ricardo) a sus pares. Ese es el nivel en el que se encuentra hoy la Corte Suprema”, criticó Soria.
La Corte definió que la composición del Consejo es inconstitucional y que se debe volver a la conformación de 1999, aún cuando una reforma parlamentaria sancionó su integración en 2006.
“La tenían desde el 2017 en un cajón (el pedido de inconstitucionalidad) y la sacaron ahora para volver a poner en funcionamiento una estructura del Consejo que fue declarado abstracto porque el Congreso sancionó una nueva ley. Inédito”, dijo el ministro en diálogo exclusivo con Télam.
Luego amplió que “tuvieron casi desde el 2016, 2017 hasta fines de 2021 para resolver y resuelven aplicando una ley de mucho antes de 2006, de 1999, para que la cabeza del Consejo de la Magistratura quede en manos del actual presidente de la Corte Suprema”.
Y culminó: “Fallo más político que ese creo que no vamos a encontrar”.
Télam.